El presidente Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca tras las devastadoras inundaciones de marzo, y que contemplaba la creación de un fondo de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad. La decisión se basó en restricciones presupuestarias, aunque en paralelo el Gobierno asignó una partida diez veces mayor para el pago de deuda.
La iniciativa había sido aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados a comienzos de junio, con 153 votos afirmativos y la única oposición del bloque oficialista La Libertad Avanza. En mayo, sin embargo, el oficialismo había acompañado el proyecto en el Senado, donde fue aprobado por unanimidad.
La ley establecía un plazo de emergencia de 180 días e incluía la conformación de un fondo especial para obras de infraestructura, subsidios a damnificados y líneas de crédito con tasas preferenciales gestionadas por el Banco Nación, destinadas a la reconstrucción de viviendas.
Milei argumentó que el veto se justifica en la existencia de un fondo de asistencia directa creado por decreto por el mismo monto, y en la entrega de subsidios que ya estarían en marcha. Según datos oficiales, más de 32 mil personas habrían recibido la ayuda, y otras 4 mil solicitudes están en evaluación.
El mandatario también fundamentó su decisión en la falta de una fuente de financiamiento explícita en la ley, lo cual –según indicó– incumple el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige detallar los recursos para cubrir cualquier gasto no contemplado en el presupuesto vigente.
El argumento generó polémica, ya que en la misma edición del Boletín Oficial en la que se publicó el veto, el Gobierno dispuso, mediante el DNU 425, la asignación de más de 2 billones de pesos para el pago de deuda, una suma diez veces mayor que la prevista para asistir a Bahía Blanca.
