El presidente Javier Milei no dudó en utilizar su poder ejecutivo para nombrar, por decreto, a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, completando de esta manera el tribunal más alto del país. La decisión ha generado una fuerte controversia, tanto en el ámbito político como judicial, por su cuestionable legalidad y el sesgo ideológico que refleja. Además, muchos analistas leen esta decisión intempestiva como una manera de desviar el debate social generado por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Lijo, juez federal de extensa trayectoria, ha sido criticado en numerosas ocasiones por sus fallos favorables a sectores vinculados al poder económico, mientras que García-Mansilla, un abogado cercano al Opus Dei y con posturas ultraconservadoras en temas clave como el aborto, resulta una elección más que discutida. Su cercanía con los intereses de sectores poderosos del país no pasa desapercibida.
El decreto de Milei no solo ignora el proceso de consenso del Senado, sino que además levanta más sospechas sobre la independencia del tribunal, acusando al Ejecutivo de avanzar sin el debido debate parlamentario. La falta de transparencia y el abuso de poder son señales preocupantes para quienes defienden una justicia imparcial, y este movimiento solo alimenta la creciente desconfianza en el sistema judicial.
