Un tribunal de la ciudad de La Haya en los Países Bajos determinó que la petrolera anglo-holandesa es responsable del cambio climático por la polución asociada a sus productos, la decisión fue calificada de histórica pues sienta un gran precedente en materia de responsabilidad legal de las empresas ante el cambio climático. En la costa rioplatense, frente a la localidad bonaerense de Magdalena, un barco de la empresa Shell produjo en 1999 el mayor derrame de petróleo en aguas dulces de la historia mundial, pero el monto de un acuerdo logrado extrajudicialmente por cerca de 10 millones de dólares en 2009 sigue sin ingresar a las arcas Municipales, luego de una larga pelea judicial en la que la pequeña comuna tuvo que enfrentar en soledad a la mayor petrolera de Europa.
Por primera vez en la historia, la justicia condenó a una empresa de ser responsable del cambio climático, lo que sienta un precedente en el mundo de la justicia ambiental y también corporativa. Fue como resultado de una demanda judicial presentada por Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie), junto con 17.000 co-querellantes y otras seis organizaciones, un tribunal de la ciudad de La Haya ha dictaminado que Shell es culpable y tiene que reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en un plazo de 10 años.
«¡Genial! Es una tremenda buena noticia para nosotros, que hemos luchado tan duro contra Shell después del derrame de petróleo de agua dulce más grande del mundo en la ciudad de Magdalena, al sur del Río de la Plata. ¡Gracias Both ENDS!, ¡Gracias Milieudefensie! «, publicó en sus redes sociales Alejandro Meitin, responsable de la ONG Casa Río con base en Ensenada y excoordinador de Ala Plástica, la organización que más trabajó en la investigación y denuncia de los daños y consecuencias del derrame de crudo de 1999 en el Río de la Plata frente a las costas de Magdalena.
El fallo de una corte de la ciudad holandesa de La Haya sienta un gran precedente en materia de responsabilidad legal de las empresas ante el cambio climático. Compañías como Shell toman como referencia los reportes del Panel Intergubernamental en Cambio Climático de la ONU y los objetivos establecidos en el Acuerdo de París a la hora de formular sus planes, pero no por eso están jurídicamente obligadas por el acuerdo, como sí ocurre en el caso de los Estados firmantes.
No obstante, la corte de distrito entiende que las empresas tienen “una responsabilidad individual”, independientemente de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir con sus propias obligaciones en materia de derechos humanos.
En el fallo, la corte interpreta que los efectos del cambio climático violan los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Los derechos humanos pueden jugar un papel en la relación entre los demandantes y RDS. “Por lo tanto, el tribunal tendrá en cuenta los derechos humanos y los valores que encarnan en su interpretación del estándar de cuidado no escrito”, justifica la corte en su razonamiento.
Al interpretar el estándar de cuidado no escrito, la corte incluyó “el consenso de que para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, se deben elegir vías de reducción que reduzcan las emisiones de CO2 en un 45% neto en 2030, en relación con los niveles de 2010, y en un 100% neto en 2050”. Dicho consenso está establecido como meta en el artículo 2 del Acuerdo de París. La corte concuerda con los demandantes en que el objetivo de reducción con 2019 como año base tiene un menor alcance pero se corresponde suficientemente con el consenso internacional.
“Este fallo es un punto de inflexión histórico. Shell tiene que dejar de causar el cambio climático. Es una gran victoria para todo el mundo y es una victoria también para las generaciones futuras. Esta decisión nos vuelve a dar esperanza de que podemos revertir la situación. Es un gran salto hacia adelante para una Tierra sana y segura”, dijo, en conferencia de prensa Donald Pols, de Amigos de la Tierra / Miliedefensie.
Shell se ha comprometido públicamente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2030, y a que sean nulas para 2050. Eso no es suficiente, el fallo subió el porcentaje al 45%, en comparación con los niveles de 2019.
Puntos principales del veredicto
- Ordena a Royal Dutch Shell, tanto directamente como a través de las sociedades y personas jurídicas que habitualmente incluye en sus cuentas anuales consolidadas y con las que forma conjuntamente el grupo Shell, limitar o hacer que se limite el volumen anual agregado de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a las operaciones comerciales y productos de transporte de energía vendidos del grupo Shell hasta tal punto que este volumen se habrá reducido al menos en un 45% neto a fines de 2030, en relación con los niveles de 2019.
- La petrolera también es responsable de las emisiones de sus clientes y proveedores.
- Se establece que sus acciones constituyen un atentado contra los derechos humanos, “derecho a la vida» y la «vida familiar tranquila».
- Shell debe cumplir con la sentencia de inmediato, ya que la política climática actual de la empresa no es lo suficientemente concreta.
El derrame en Magdalena
El 15 de enero de 1999 era un viernes soleado y caluroso, el balneario de Magdalena se aprestaba para un lindo fin de semana. Turistas y vecinos del pueblo llegaban a refrescarse, sin percibir lo que algunos kilómetros río adentro se estaba desatando. A las dos de la tarde, en el canal de navegación intermedio, el Sea Parana, barco portacontenedores de bandera alemana, chocó con el Estrella Pampeana, un buque tanque petrolero de bandera liberiana al servicio de Shell Argentina. La colisión abrió el casco del petrolero y se derramaron 5.400 m3 en las aguas. Con el correr de los días, los vientos fueron llevando el crudo hacia la costa. Lo que era un apacible bañado con juncales, sauces y pequeñas playas se cubrió de negro.
Pasaron 22 años. La historia es conocida en Magdalena, pero como muchos temas locales son más las versiones y opiniones que el conocimiento detallado de los hechos. Puede hablarse de una cicatriz color petróleo que atraviesa la memoria colectiva. No hay una mirada uniforme sobre el tema y persisten resquemores.
La historia de la causa
A un mes del derrame, el 26 de febrero de 1999, la Municipalidad de Magdalena radicó su denuncia en la Justicia Civil y Comercial Federal de La Plata. Las acciones legales iniciadas entonces tenían tres vías: “la reparación de daños ambientales, la protección del medio ambiente y la disposición de residuos peligrosos”.
En noviembre de 2002, Julio César Miralles, a cargo del Juzgado Federal N°4 de La Plata, condenó a Shell por un valor de u$s 35.000.000 en la causa “Municipalidad de Magdalena c/ Shell Capsa y otros s/ disposición de residuos peligrosos”. “Esta es la demanda ambiental más importante que se ha resuelto en la historia argentina», señaló el representante legal de la Municipalidad. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de La Plata, confirmó la sentencia en diciembre de 2003.
Shell apeló e hizo planteos sobre la competencia de los tribunales intervinientes. El conflicto de competencia, una batalla judicial que se desarrollaba en paralelo, demandó años y un desgaste importante para los recursos de un pequeño municipio frente a una de las mayores empresas del mundo, ni la Provincia de Buenos Aires ni la Nación fueron demandantes, tampoco se aplicaron multas a las empresas involucradas (tanto la petrolera como las navieras involucradas en el choque) de manera preventiva, para cubrir los daños directos mientras se resolvía la cuestión judicial.
Así la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió en mayo del 2007 que el caso competía a los juzgados federales de la Capital, por lo que la causa pasó al Juzgado Federal Civil N°3 de la CABA, a cargo de Roberto Torti. Se debían juzgar nuevamente los actos procesales llevados a cabo por los jueces anteriores, que fueron declarados incompetentes. Todo casi volvía a empezar.
El 17 de mayo de 2009, una parte de la población participó de un plebiscito no vinculante que buscaba la aprobación de un acuerdo extrajudicial entre la Municipalidad de Magdalena y la empresa Shell CAPSA. Todo parecía encaminado para que el municipio cobrara los 9,5 millones de dólares pactados con Shell. A dos décadas del derrame y a una del acuerdo, la plata sigue sin cobrarse. La justicia es lenta en Argentina, más cuando se trata de Shell. Más lenta y benévola que la justicia del país de origen de la petrolera más grandes de Europa y una de las más contaminantes del mundo.
ILUSTRACIÓN PRINCIPAL: HORACIO PETRE
