El Banco Nación se presentó hoy como querellante en la causa penal a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita por supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de préstamos a la empresa Vicentin.
En forma paralela, el Nación decidió que, mientras avanzan la investigación judicial y el sumario abierto por este tema, queden separados de su cargo cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la empresa agroexportadora, confirmaron a Télam fuentes de la entidad.
Se trata del gerente general, Juan José Fragati; la gerenta de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda; el subgerente general de Banca Corporativa, Martín González; y el gerente de Legales, Carlos Lo Turco.
La presentación se hizo a través de un escrito presentado por los letrados del Banco vía correo electrónico bajo el pedido del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, y del resto del Directorio del Banco.
«El objetivo de la presentación es que el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio y conocer las responsabilidades de las autoridades que formaron parte de este posible delito», indicaron fuentes del Nación.
En febrero de este año, el Nación abrió un sumario interno para investigar la participación de una veintena de empleados del banco que participaron, con mayor o menor grado de responsabilidad, del otorgamiento de créditos por unos $ 18.500 millones a la empresa Vicentín.
La decisión del banco había sido que, hasta tanto no se comprobara fehacientemente la culpabilidad de los directivos en la comisión de una violación de los estatutos internos, nadie sería removido de su cargo.
Sin embargo, el avance del gobierno nacional en la intervención de la empresa y de la causa civil que se tramita en Santa Fe por el concurso de acreedores por una deuda de US$ 1.350 millones con el Nación, otros bancos y productores agrícolas, aceleró el pedido de licencia de cuatro directivos.
El primer dictamen de la causa, emitido en febrero por le fiscal Pollicita, incluyó la imputación del presidente de Vicentín, Gustavo Nardelli, de Alberto Padoan, otro ejecutivo de la agroexportadora, y del ex titular del Banco Nación Javier González Fraga.
La causa se inició a finales de enero de este año, cuando el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, denunció a González Fraga y a otros ex funcionarios por el delito de defraudación por los préstamos otorgados a Vicentín, en base a un informe elaborado por uno de los actuales directores del Banco, Claudio Lozano.
En ese documento, Lozano analizó el estado de la empresa durante los últimos años y el proceso de endeudamiento con el Nación que, aseguró, «superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa» y que, sin embargo, obtuvo una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para readecuarse. Asimismo, destacó que la información disponible no justifica la crisis financiera de Vicentín -que señala como principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri con $ 13.500.000-, y que el incumplimiento de la empresa comenzó «casi en simultaneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri».
Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la justicia de Santa Fe por $ 99.345,2 millones, de los cuales el 64% ($ 63.962 millones) está en manos de 37 bancos y el 30% ($25.657 millones), de 1.895 productores de granos.
Un reciente informe -también elaborado por Lozano-, advirtió que el 5,5% de esa deuda ($ 5.428 millones) corresponde a «sociedades» que, en realidad, son empresas vinculadas con Vicentín: Vicentín Paraguay, $4.079 millones; Renova, $1.346,4 millones; y Diferol, $ 2,7 millones.
«A la vez, hay 98 personas que, en tanto, accionistas, le reclaman a Vicentín $351 millones. Los accionistas más significativos que le reclaman a la empresa más de $ 10 millones cada uno son Olga Vicentín de Rodríguez, Pedro Vicentín y Sergio Nardelli», subrayó el informe.
