El gobierno bonerense autorizó hoy a que los empleados estatales mayores de 60 años, embarazadas, portadores de enfermedades consideradas de riesgo y progenitores con hijos en edad escolar no asistan a sus lugares de trabajo «quedando habilitados a llevar a cabo las tareas asignadas desde sus hogares, cuando ello fuere posible», en el marco de la pandemia del coronavirus.
Ello se dispuso -por el término de 15 días con posibilidad de prorrogarlo- mediante la resolución 90 de Jefatura de Gabinete, publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, en la que se aclaró que quedan exceptuados de la disposición tanto el personal dependiente del Ministerio de Salud de la provincia como de las Fuerzas de Seguridad, «cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezca» salvo que integren los grupos de riesgo.
En línea con lo establecido a nivel nacional, en el distrito bonaerense se estableció que los trabajadores estatales considerados población de riesgo -mayores de 60 años; inmunosuprimidos; en tratamiento oncológico; con enfermedades respiratorias crónicas, caridiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica en diálisis-, las embarazadas y los progenitores que deban cuidar hijos no verán afectada «la percepción de las remuneraciones normales, habituales, ni de los adicionales que por ley o convenio le correspondiere recibir».
En la medida, que lleva la forma del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se explicitó que las personas «deberán acreditar la existencia de las patologías mencionadas ante la Dirección de Salud Ocupacional de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros».
Además, se determinó que se autoriza mientras dure la suspensión de clases en las escuelas «la inasistencia de las personas trabajadoras del sector público provincial, cuando se trate del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente».
En el supuesto que ambos progenitores fueran trabajadores del sector público provincial, la justificación se otorgará sólo a uno de ellos.
Se requirió «que se instrumenten los mecanismos necesarios para asegurar, atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes, el funcionamiento del sector público provincial, garantizándose la atención al público».
En paralelo, se encomendó a la Dirección General de Cultura y Educación «la implementación, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en la presente, realizando los ajustes reglamentarios que estime corresponder».
Entre los fundamentos de la medida, se recordó que «el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona, que su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública, y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio».
